Hace 14 años, fue atropellada por la unidad de una empresa cervecera en Tuxtla, y aún no le han reparado el daño, como lo dictó el juez. Advierten conflicto de interés y corrupción.

Han pasado más de 14 años desde que Verónica Jaquelín Ordóñez Roblero fue atropellada por la unidad de una empresa cervecera en Tuxtla Gutiérrez, un accidente que la dejó con discapacidad permanente. Pese a que existe una sentencia que ordena a dos empresas reparar el daño, la justicia no se ha cumplido.

El accidente ocurrió en abril de 2011 y en 2013 se emitió la primera condena. Sin embargo, una serie de amparos retrasó el proceso hasta 2019. Hoy, el abogado Rosemberg Díaz Pérez denuncia un conflicto de interés: un funcionario de la Secretaría de Finanzas, encargado de ejecutar el cobro, aparece en documentos como dueño de una de las empresas condenadas —Asesoría Comercial de Chiapas S.A. de C.V. y Exclusiva en Tuxtla S.A. de C.V.—.

La familia asegura que, pese a que el juez de ejecución giró oficios de cobro, no se han embargado bienes ni solicitado información bancaria para garantizar el pago. Temen que se busque dilatar el cumplimiento, incluso apostando al fallecimiento de la víctima.

El impacto ha sido devastador. Su madre, Santina Roblero, recuerda la lucha de los médicos por salvarla. Su hija, Jaqueline Hidalgo Ordóñez, relata que creció sin poder compartir actividades con su mamá. Su padre, Virgilio Ordóñez García, afirma que la vida familiar cambió por completo y reclama atención del gobernador.

La familia pide el respaldo de la opinión pública para que la sentencia se cumpla y se haga justicia. “El cumplimiento de las sentencias es de orden público e interés social. Mañana cualquiera podría estar en nuestro lugar”, advirtió el abogado.