“Por instrucciones”; su diagnóstico podría ser cáncer de mama, no le aceptaron sus incapacidades y entre tres la corrieron, querían que firmara su “renuncia voluntaria”.
En los primeros días de abril la vida le cambió a Gabriela, una mujer de 35 años, originaria del municipio de Tonalá que laboraba en la Consejería Jurídica del Estado.
Hizo lo que toda mujer: se exploró, encontró y acudió al médico. El mal que la aqueja está en estudio, sin embargo le agobia la genética, su madre y abuela han padecido cáncer de mama.
Esta fue la respuesta de su centro de trabajo.
Para los superiores de Gabriela las incapacidades del IMSS no tienen mayor relevancia. Justifican su despido por “mala conducta”.
Gabriela no solo ha tenido que lidiar con el mal que la aqueja, ahora también lucha por la discriminación y hostigamiento que ha sufrido, así como la flagrante violación a su derecho a la salud.
Por si fuera poco, también la amenazaron: No firmar su renuncia voluntaria sería impedimento para que pudiera trabajar en la siguiente administración estatal.