Piden más tiempo para rendir cuentas, pero nadie sabe cuánto dinero falta, qué meses deben y qué pasará si vuelven a fallar
No presentaron su Cuenta Pública a tiempo y ahora piden prórroga. Seis municipios de Chiapas no cumplieron con la fecha límite para transparentar el uso del presupuesto 2024, y en lugar de enfrentar consecuencias, obtuvieron una extensión de 30 días. Todo esto, sin que se informe cuánto dinero está pendiente de comprobar ni qué ocurrirá si vuelven a incumplir.
Los municipios que se suman a este nuevo episodio de opacidad son:
Bella Vista
Capitán Luis Ángel Vidal
El Bosque
Jitotol
Salto de Agua
Concejo Municipal de Frontera Comalapa
La fecha límite original era el 30 de abril, pero con la prórroga ahora tienen hasta finales de mayo para entregar su informe financiero. El documento debe detallar en qué se usaron los recursos públicos durante todo el año fiscal 2024. Sin embargo, el decreto que les otorga la extensión no especifica qué meses están pendientes ni qué cantidad de recursos no ha sido comprobada.
La opacidad como norma
Los decretos de prórroga se han vuelto un recurso habitual en Chiapas. Municipios que no logran documentar el uso de recursos a tiempo simplemente solicitan más días. La justificación suele quedar en privado y el resultado, casi siempre, es el mismo: ninguna sanción pública, ningún castigo ejemplar.
En el caso del Concejo Municipal de Frontera Comalapa, la situación es aún más delicada. Tras meses de crisis de violencia, ese municipio opera sin alcalde electo y bajo una figura extraordinaria, lo que debería ser motivo de escrutinio adicional. Sin embargo, tampoco se ha revelado cuánto dinero está pendiente ni si hay observaciones anteriores no solventadas.
Y si tampoco entregan… ¿qué pasa?
Ni el decreto ni el Congreso mencionan qué ocurrirá si los seis municipios tampoco entregan sus cuentas al finalizar la prórroga. La ley contempla sanciones, desde multas hasta denuncias por daño a la Hacienda Pública, pero en la práctica, esas medidas rara vez se aplican con rigor.
Mientras tanto, la Auditoría Superior del Estado retrasa sus revisiones, y los ciudadanos siguen sin saber con certeza cómo se gastó el dinero público en sus comunidades.