En Chiapas, miles de personas que solo hablan su lengua materna enfrentan procesos legales sin un traductor que garantice su derecho a entender y ser entendidas. Sin intérpretes suficientes, la justicia llega tarde… o no llega.
En México, más de siete millones de personas hablan una lengua indígena, pero cuando enfrentan un proceso legal, muchas de ellas lo hacen sin un traductor que garantice su derecho a comprender y ser comprendidas. En Chiapas, uno de los estados con mayor diversidad lingüística del país, esta carencia se vuelve aún más evidente.
De acuerdo con organizaciones y especialistas, la falta de intérpretes certificados provoca procesos injustos, retrasos y, en muchos casos, violaciones al debido proceso. La barrera del idioma puede determinar el futuro de una persona detenida o en juicio, especialmente cuando su única lengua es la materna.
En Chiapas, donde conviven más de diez lenguas indígenas, el número de traductores acreditados es insuficiente. La mayoría trabaja por honorarios y con recursos limitados, mientras que las comunidades enfrentan un sistema que pocas veces habla su idioma.
Aunque la jurista se mantuvo reservada, especialistas consultados coinciden en que el acceso a la justicia depende, en gran medida, del reconocimiento de la diversidad lingüística. Sin intérpretes capacitados, miles de personas continúan enfrentando procesos legales sin herramientas básicas para defenderse.
Garantizar traductores en lenguas indígenas no es un acto de apoyo, es una obligación constitucional y un pilar del acceso efectivo a la justicia. En un país pluricultural como México, la justicia debe hablar todas las lenguas.