Violencia criminal multiplicó expulsiones y evidenció omisiones institucionales
De acuerdo con el Global Report on Internal Displacement 2025 del Internal Displacement Monitoring Centre, México cerró 2024 con 390 mil personas desplazadas internas por conflicto y violencia, mientras Chiapas se consolidó como el principal foco del fenómeno, al concentrar la mayoría de los movimientos registrados durante el año.
El informe documentó cerca de 26 mil nuevos desplazamientos en el país durante 2024, más del doble que en 2023, impulsados principalmente por violencia criminal. El propio reporte advirtió que la cifra fue un subregistro, debido a la ausencia de un sistema nacional de monitoreo permanente. En este contexto, Chiapas destacó por su ubicación estratégica en rutas de tráfico ilegal y por la recurrencia de hechos armados en municipios como Tila, Chenalhó y Pantelhó.
A la par de los datos agregados, testimonios de personas desplazadas evidenciaron la dimensión social de la crisis. Esther, originaria de la comunidad de Nueva Palestina, en el municipio de Ocosingo, relató que seis familias permanecieron desplazadas durante cuatro años en San Cristóbal de Las Casas sin resolución oficial de reubicación. Indicó que el abandono de viviendas, la quema de casas, amenazas armadas y detenciones comunitarias precedieron su salida forzada.
La declarante señaló que el desplazamiento ocurrió tras hechos de violencia que incluyeron disparos, incendios y encarcelamientos dentro de la comunidad, lo que derivó en la dispersión de familias, la pérdida de medios de subsistencia agrícolas y la ruptura del acceso regular a educación y salud. En su caso, 26 niñas y niños crecieron fuera de su lugar de origen, algunos nacieron ya en condición de desplazamiento.
El IDMC también consignó que otros estados, como Sinaloa, reportaron más de 4 mil 400 movimientos entre septiembre y noviembre de 2024; sin embargo, subrayó que el patrón persistente en Chiapas reveló desplazamientos prolongados, no retornables y sin soluciones duraderas, una característica que agravó la vulnerabilidad de las comunidades afectadas.
Pese a la magnitud de las cifras, el reporte internacional señaló que México careció de registros oficiales integrales, políticas públicas específicas y mecanismos de atención sostenida para personas desplazadas internas, lo que mantuvo a miles de familias fuera de sus comunidades sin restitución de derechos ni garantías de seguridad.