Señalamientos posteriores contradijeron resultados difundidos en materia de control institucional
Publicaciones oficiales difundidas por el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado (CECCC) aseguraron durante 2025 el cumplimiento total de los procesos de evaluación y coordinación en materia de seguridad en Chiapas; sin embargo, hechos posteriores registrados a inicios de 2026 colocaron dichos resultados en contradicción.
El 24 de marzo de 2025, el entonces director general del CECCC, José Alonso Llaven Villarreal, firmó un convenio de coordinación con el Ayuntamiento de Cintalapa, encabezado por Ernesto Cruz Díaz, con el objetivo de fortalecer la confianza institucional y dar seguimiento a las políticas estatales de seguridad. La firma fue difundida en redes sociales oficiales como parte de una estrategia de colaboración interinstitucional.
Meses después, el propio CECCC informó en plataformas digitales la entrega de resultados de evaluaciones de control de confianza a la Fiscalía General del Estado, señalando un cumplimiento del 100 por ciento en dichos procesos, los cuales fueron presentados como técnicos y concluyentes.
No obstante, el 5 de enero de 2026, la Fiscalía General del Estado confirmó la ejecución de una orden de aprehensión contra Ernesto “N”, expresidente municipal de Cintalapa, por presuntos delitos de ejercicio abusivo de funciones, abuso de autoridad, actos de corrupción y malversación de recursos públicos. De manera paralela, se integró una carpeta de investigación por una posible vinculación con grupos criminales.
Así mismo, autoridades estatales y federales realizaron un operativo contra policías municipales de Cintalapa, Jiquipilas y Ocozocoautla, en el que fueron detenidos entre 151 y 157 elementos por presuntos vínculos con el crimen organizado. Tras las diligencias correspondientes, 140 agentes fueron liberados al no encontrarse elementos suficientes para su procesamiento inmediato, mientras que 11 permanecieron bajo investigación.
Los hechos registrados contrastaron con los mensajes institucionales previos que destacaban procesos concluidos y resultados plenos en materia de control de confianza, lo que abrió cuestionamientos públicos sobre el alcance real de las evaluaciones y los mecanismos de seguimiento aplicados en los municipios involucrados