Familiares y autoridades religiosas exigen justicia ante abusos de policías Pakales
Con uso excesivo de la fuerza, golpes y tortura, Orbey Juárez Juárez y José Julián López Juárez fueron detenidos el pasado 22 de enero en Pueblo Nuevo Solistahuacán, por agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP).
Así lo denunció el Grupo de Litigantes para la Protección y Defensa de los Derechos Humanos (PRODEDH), familiares de las víctimas y autoridades religiosas de la Parroquia de San Dionisio en Pueblo Nuevo Solistahuacán, y de la Arquidiócesis de Tuxtla.
Los denunciantes explicaron que Orbey Juárez Juárez es un agricultor y electricista casado, que desde 2025 se desempeña subcoordinador de la capilla “La Esperanza”. Por su parte, José Julián López Juárez es ministro extraordinario de la Comunión.
“El joven Orbey Juárez Juárez es un servidor nuestro, es tiene el cargo de subcoordinador de la comunidad pequeña, ¿verdad? De Santa Isabel de Hungría de Nueva Esperanza, ¿verdad? Es un joven comprometido”, David Enrique Pool Paredes, párroco de la Parroquia de San Dionisio.
De acuerdo a los declarantes, policías Pakales encapuchados detuvieron el pasado 22 de enero a Orbey Juárez cuando este se dirigía a realizar un trabajo como electricista, posteriormente, José Julián también fue detenido, en ambos casos con uso excesivo de la fuerza.
“Sí nos preocupa esta realidad, ¿verdad?, la cuestión de la criminalización, sobre todo de gente pues sencilla, gente de nuestras comunidades pues, son pueblos originarios, entonces sí nos preocupa”, subrayó Pool Paredes.
Pese a los antecedentes que respaldan a ambas personas en materia de servicio a la comunidad, las autoridades de Seguridad se negaron por cinco días a dar información a sus familiares, sobre la ubicación en donde ambos estaban detenidos.
Fue hasta el 27 de enero que lograron descubrir que se encontraban detenidos en el penal de San Cristóbal de Las Casas. Juan Pablo Juárez Juárez, hermano de Orbey, explicó que al momento de la detención de ambos no se presentó ninguna orden judicial.
“Cuando yo recibí la noticia, bueno, yo este al instante me llené de coraje porque mi hija que salía de la escuela me dijo que su padrino lo tenían este ahora sí que lo tenían detenido. Y como y él iba a realizar trabajos de electricidad en Estoraque. Es una comunidad vecina que está muy cerca, está como de unos 10 minutos. Subí rápido a verlo. Yo estaba en el trabajo este de campo. Me llamaron, subí a verlo. Ya él lo tenían tirado en el sol, pues, él y los otros. Otros cuatro. Pero yo quise hablar. Ahora sí que le digo, por lo menos trátenlos como la gente porque no es no es justo pues lo que le está pasando. Y les digo pues, yo quería que lo liberaran esas horas. Pero por estar hablando ahí me dice uno de los pacales, “Si no te retiras te remitimos a patadas”, relató.
Señaló que los detenidos no son más que un chivo expiatorio ante el asesinato de una persona ese mismo 22 de enero, y que en lugar de realizar las investigaciones correspondientes, los policías Pakales de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, decidieron llevarse a los primeros que encontraron cerca de la zona de los hechos.
“El día 22 de enero asesinaron a un señor que se llama Carlos ahí en la cancha de barrio San Anastasio de Pueblo Nuevo. De ahí dicen que bajaron siguiendo una camioneta y la camioneta, como ahora sí que entra la carretera pues y no tiene portón, ni nada, entró y se fue a esconder allá. Y ellos no sabiendo nada, bueno, mi hermano todavía ni había llegado, iba en el tramo carretero para este a Estoraque, ahí lo detuvieron. Él fue el primero que detuvieron. Y los otros ya estaban trabajando allá, ahora sí que el carro dejaron y los que dejaron se escaparon y que ya a ellos les ahora sí que les ponen la culpa”, dijo.
La Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez ha alzado la voz ante estos abusos de autoridad que violan los derechos de las personas, y exige justicia para ambos detenidos.
“Es un caso de imputación de delito y retención de manera arbitraria, incluso, se habla pues de tortura, de golpes, de malos tratos, ¿verdad? Y se le está inculpando de un caso que sus familias sostienen que pues no tiene nada que ver con ellos. Ellos son servidores en la parroquia de San Dionisio en San Pueblo en Pueblo Nuevo”, apuntó Gilberto Hernández García, Sacerdote de la Arquidiócesis de Tuxtla.
El proyecto de construcción de la paz en Chiapas, señala la Arquidiócesis de Tuxtla, se aleja de su objetivo ante los lamentables abusos que son cometidos en contra de los sectores de mayor vulnerabilidad en la entidad.
“Como hemos dicho más de alguna ocasión, pues este tipo de situaciones no abonan a la pretendida paz social que pues nuestro estado busca. Son cuestiones, como dije yo hace un momento, que desdicen ese ese propósito y entonces por eso siempre ha sido el llamado a las autoridades, al estado, a todos los niveles de gobierno de que los procedimientos sean con mucho respeto a los derechos humanos”, remató Gilberto Hernández García.