Gabriela Coutiño
Tuxtla Gutiérrez, Chis. 10 Junio.- Activistas y defensores de derechos de los migrantes, entre ellos el sacerdote Heyman Vázquez Medina, se manifestaron en Tapachula, en la sub delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) para exigir la libertad del dirigente de la Organización “Pueblos Sin Fronteras”, Irineo Mujica Arzate y de Cristóbal Sánchez, por considerar que las acusaciones en su contra son falsas y que los testigos de cargo son falsos.
Vázquez Medina, párroco de Huixtla y director del albergue Nadie es extranjero, aseguró que conoce a Irineo y Cristóbal; “son defensores de los derechos humanos de los migrantes; con Irineo nos subimos en el tren tiempo atrás hizo visibles los abusos con los operativos en los lugares despoblados. Ese tipo de personas no son muy apreciadas para el gobierno porque visibilizan las injusticias que cometen con los migrantes”.
Manifestó que “las consecuencias por el acuerdo entre México y Estados Unidos para evitar que se impusiera aranceles a productos mexicanos, son negativas para la migración”.
“Los migrantes que ahora llegan a Huixtla, son más que antes, y llegan cansados, asaltados, maltratados porque se internan en caminos de extravío. Acaban de llegar dos jovencitas a las desnudaron y las tocaron, aunque no las violaron; les quitaron sus pertenencias”.
En conferencia de prensa, los defensores exigieron que se respeten las garantías de Irineo Mújica, director de la organización Pueblos sin Fronteras y de Cristóbal Sánchez, integrante de la agrupación Cultura Migrante, detenidos “injustamente” el 5 de junio, acusados de tráfico de personas.
Señalaron que mañana martes a las 8 y 14 horas, respectivamente, se realizará la audiencia ante el juez de la causa para que determine si los vincula o no a proceso.
“Esperamos que los procedimientos legales sean conforme a la norma, porque parece que el mandato es acabar con ellos, dar una lección y criminalizar a los que dan ayuda humanitaria a los migrantes”, dijo Gina Garibo, integrante de Pueblos sin Fronteras.
Manifestó que la detención de los dos activistas forma parte de una “campaña de criminalización”; “la campaña no es sólo en contra de Irineo y de Cristóbal sino global; hace unos meses se filtró una lista con los nombres de defensores de derechos humanos, acompañantes, periodistas y abogados que han ayudado a migrantes”.
Aseguró que las “declaraciones irresponsables” del titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Tonatiuh Guillén a un noticiero de televisión insinuando que Pueblos sin Fronteras mentía, engañaba y lucraba con migrantes”, y las posteriores afirmaciones el 28 de febrero de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero en Washington de que es “organización criminal, que reclutaba a migrantes desde Centro América, han desatado amenazas de muerte” en contra de muchos de los miembros de la agrupación.
La organización Pueblo Sin Fronteras, está formada por abogados y activistas centroamericanos, mexicanos y estadounidenses, y apoyan desde hace varios años a los migrantes que tratan de llegar a Estados Unidos.